Rojas dice que se han reducido en un 50% las medidas de desamparo de menores

09-09-2010 /

Santa Cruz de Tenerife, 9 sep (EFE).- La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, dijo hoy en el Parlamento que las medidas incluidas en el Plan Integral de Protección al Menor han permitido reducir en un 50 por ciento las medidas de desamparo en el Archipiélago.

La consejera señaló que en Canarias hay 2.416 niños con una medida de amparo que puede ser de tutela, de guarda o de acogimiento familiar de una población infantil que asciende a 378.577, lo que significa un 0,6 por ciento de los niños del archipiélago.

De estos 2.416 menores, 1.057 viven en hogares y centros y 1.359 en acogimiento familiar.

Rojas, según señala una nota de su departamento, indicó que desde la puesta en marcha tanto de la Ley como del Plan Integral del Menor, Canarias se ha dotado de una red de protección y de prevención y se refirió a medidas como la mejora en la detección de las situaciones de desprotección de los menores y el trabajo con las familias.

Explicó que la medida de desamparo es consecuencia de un largo procedimiento, en el que primero se trabaja con la familia y si la situación de riesgo persiste o se agrava se pasa a tomar la medida de amparo.

Afirmó que de una población infanto juvenil de 378.577 menores, a 31 de diciembre de 2009 en Canarias había 3.514 niños con una medida de riesgo y en el mismo año se iniciaron 929 expedientes de riesgo de los que se firmaron resolución en 204 casos.

En su intervención parlamentaria explicó que también hay casos en los que no existe este procedimiento sino que se pasa a tomar una medida de desamparo provisional con una tutela urgente por parte de la entidad pública, y es cuando el menor puede ser víctima de malos tratos o abusos sexuales en el entorno familiar o cuando es utilizado para ejercer la prostitución o la mendicidad, o el trabajo infantil.

Prosiguió que para detectar estas situaciones de desprotección se cuenta con una estructura en red liderada por el Protocolo de Valoración basado en la coordinación entre las diferentes administraciones que rodean a los menores, como es el entorno educativo, los centros sanitarios, los servicios sociales y la policía.

La consejera señaló que el contar con un documento único de detección es de enorme importancia pues con una actuación coordinada se garantiza el bienestar del menor y se minimiza el riesgo social.

EFE

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