La Xunta defiende la ley de familia ante acusaciones de retroceso social

PLENO DEL PARLAMENTO
La Xunta defiende la ley de familia ante acusaciones de retroceso social
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, ha asegurado hoy que no tiene afán «dirigista o intervencionista».
Autor:
EFE
Fecha de publicación:
24/5/2011
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, ha insistido en que la ley de familia, que hoy se debate en el Parlamento, promueve la igualdad y no tiene afán «dirigista o intervencionista», frente a las críticas de la oposición, que la ve «como una homilía» o como un retroceso para la mujer.
Durante el debate de las enmiendas a la totalidad de esta norma, que quedarán rechazadas esta tarde, la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, invitó a abandonar el hemiciclo a un grupo de siete feministas que, desde la tribuna de invitados, comenzó a gritar «No a la ley de familia».
Igualmente, mientras se celebraba el pleno, unas 150 personas se concentraron frente al Parlamento, entre feministas y representantes del movimiento 15-M, para protestar por este texto legislativo, que consideran retrógrado.
En defensa de la iniciativa, Beatriz Mato destacó que se trata de una ley pionera en España, que sustituirá a una norma de 1997, que se ha quedado alejada de la actual realidad social e insistió en que trata de proteger a los sectores más vulnerables.
La titular de Traballo e Benestar insistió en que la norma no tiene afán intervencionista y señaló que se concibe como una herramienta para el pacto demográfico, ante el que mostró su voluntad de acuerdo para una política urgente que implicará medidas para los próximos años «gobierne quien gobierne».
Mato también señaló que la ley de familia constituye la base necesaria para un plan de familia y de apoyo a la natalidad, al tiempo que insistió en que garantiza una defensa «estricta» de la igualdad. Frente a las críticas de la oposición, sostuvo que no promueve que la mujer «se quede en casa» cuidando de los hijos ni tampoco «obliga a ser madre a quien no quiere serlo».
La conselleira apuntó también que la norma protege a la mujer gestante y establece medidas para el apoyo a la adopción o acogimiento en solitario, mientras también protege a las familias «sea cual sea el modelo».
Sin embargo, la socialista Beatriz Sestayo sostuvo que esta norma «consolida las políticas de extrema derecha» del Partido Popular y se preguntó por qué, si en España no hay pena de muerte, uno de los artículos reconoce de manera expresa el «derecho a la vida» y del concebido no nacido.
A juicio de Sestayo, la norma es una mera «excusa» para «boicotear» leyes que resultan incómodas al PP, como la ley del aborto o de igualdad y señaló que, a su juicio, sólo trata de contentar a la parte «más reaccionaria y retrógrada» del electorado del Partido Popular.
Por su parte, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, sostuvo que la sociedad gallega es más abierta y plural que el texto legislativo, y apuntó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se sitúa en la línea del emperador romano Augusto, que dictó normas para restaurar la moral tradicional y dijo que el Gobierno gallego actúa en sintonía con una moral católica «integrista».
Explicó que el propio Consello Económico e Social consideró que la norma, que calificó de «homilía», ahonda en las virtudes «tradicionales» de la mujer y tiene una obsesión «moralista», mientras manifestó que las indicaciones del CES no fueron tenidas en cuenta, sino que se ha acentuado su carácter «regresivo».
«No se metan en la cama de los gallegos», señaló Aymerich, que consideró que para tomar una decisión libre sobre tener hijos hay que hacer una política de acceso a la vivienda, una política social que abra los centros de educación infantil y de día, entre otras medidas
Por su parte, la popular Marta Rodríguez acusó a la oposición de haber dicho estos meses «barbaridades» sobre la ley e insistió en que regresivo puede ser la eliminación del cheque bebé o la congelación de las pensiones, al tiempo que acusó a socialistas y nacionalistas de «manipular» el texto para desgastar al Gobierno gallego.

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