La Xunta impulsa instituciones gestionadas por asociaciones religiosas
CRISTINA HUETE – Ourense – 23/11/2009
Cerca de 1.600 menores gallegos están protegidos por la Xunta. Cuando el núcleo familiar se desmorona y hay riesgo para los niños, la Justicia deja a los menores de 18 años en manos de la Administración. Su destino varía. Pueden ser derivados a centros de día (van a dormir a sus domicilios), a casas de familia (internados en viviendas, en grupos de 6 ó 7) o a los centros de protección. Los dos primeros están gestionados por asociaciones o fundaciones privadas, aunque reciben dinero público, y sólo los centros de protección están gobernados directamente por la Xunta, que se plantea sustituirlos por centros de día y casas de familia. La atención diaria de los menores gallegos alejados de un entorno familiar de riesgo está básicamente en manos de educadores. Los centros no cuentan en sus plantillas con psicólogos.
El coordinador de Menores de Vigo, Alberto Pereira, asegura que los educadores son diplomados universitarios “con titulaciones en Trabajo Social, Pedagogía o incluso Psicología” y sostiene que “cuando se presentan trastornos como hiperactividad u otra patología” los niños reciben la “adecuada atención psicológica” a través de los equipos técnicos de cada delegación provincial. Pero educadores y psicólogos cuestionan el sistema.
A los niños tutelados por la Xunta “los alimentan, los llevan al colegio y les dan un techo: los centros de protección funcionan bien como guarderías”, señala José Bouzo, educador y representante de la CIG en el comité de empresa en el área de Benestar.”Da igual los títulos que tengan los educadores: estamos contratados para ejercer de educadores y eso es lo que hacemos”, asegura el sindicalista. Bouzo advierte además que “en el momento en el que un menor es desarraigado de su familia, sobre todo si era mala para él, necesita atención psicológica continuada y no la tiene”. El educador alude a un caso de actualidad: “¿Quién va a atender al niño obeso que debe ingresar en el centro de A Carballeira tras arrancarlo de un ámbito familiar tan intenso?”.
Clara Isabel Fernández, la perito psicóloga que realizó el informe que desaconseja el ingreso del menor orensano en A Carballeira, reclama también el seguimiento psicológico en los centros de protección. “Como el maltrato psíquico no se evalúa ni se diagnostica, se considera que no existe”, apunta. En su opinión, los servicios sociales todavía se entienden como “subsistencia y manutención”.
El educador reclama además la intervención de la Administración en las familias. Cree que es necesario el apoyo de educadores y psicólogos en los entornos familiares. “El problema nunca es del niño, es de la familia, y si no se trabaja con ella, cuando el menor regresa a casa regresa al mismo caos”, sostiene. Y reclama la creación de los educadores de barrio, “como en otras comunidades autónomas” del Estado. “Aquí evolucionamos poco”, acaba por matizar.
La Xunta lo desmiente. Pereira asegura que se han dado “pasos de gigante”: “En 1982, los centros funcionaban como los reformatorios del siglo XIX y los cuidadores eran guardias civiles que desempeñaban una segunda actividad”. Asegura que la Administración autonóma realiza ahora un trabajo preventivo con las familias mediante los servicios del centro, los de Menores y los centrales. “Hay un trabajo en red y a través del Progama de Integración Familiar (PIF) y del convenio con la Asociación de Terapia Familiar de Galicia, trabajamos por el retorno de los menores a sus hogares”, señala. “Los niños ingresan en los centros cuando no se pudo evitar la situación de riesgo dentro de la familia”. En su opinión, los menores agradecen siempre ese alejamiento.
Alberto Pereira reconoce que la Xunta está impulsando los centros de día, que gestionan organizaciones privadas concertadas y que se camina hacia la “paulatina desaparición” de los centros de menores tal y como existen hoy en día. “Pretendemos evitar los grandes centros, como el de A Carballeira en Ourense”, ahora ocupado al 100%, con 60 niños, según fuentes del mismo organismo, “y sustituirlos por centros de día y casas de familia” gestionadas por asociaciones, muchas de ellas de filiación religiosa y atendidas por monjas o frailes, mediante convenio.
Los sindicatos advierten de que la Xunta “ha retomado el camino de la privatización de los servicios sociales”. “Eso es alarmante, porque no se puede pretender que sean rentables: son antes de nada una necesidad pública”, sostiene el representante de la CIG.
noticia enviada por Pilar Rodríguez Vicente
